Zihuatanejo, entre playa y plomo

Mediante un operativo sorpresa, el pasado 16 de mayo, autoridades federales y estatales detuvieron a 61 agentes de la policía municipal de Zihuatanejo, Guerrero. Se les acusó de usurpación de funciones y nexos con el crimen organizado.

La noticia de la infiltración sorprendió al país. No pocos personajes públicos expresaron su indignación y otros alertaron sobre la posibilidad de que se repitan los inefables hechos de Iguala, en 2014. Los azuetenses, en cambio, lo han tomado con ironía: "¿Apenas se dieron cuenta?", se pregunta un pescador en la playa Principal.

Lo anterior no es broma: en una encuesta realizada apenas en marzo pasado por un diario local, los resultados arrojan que sólo 27 por ciento de la población confiaba en su policía municipal. Este dato contrasta con un 87 por ciento que obtuvo la Marina.

Existe una nueva frase en el de por sí extenso y sabio refranero mexicano: "pueblo chico, narco grande". Eso es lo que ocurre aquí. Por eso nadie quiere dar su nombre para opinar sobre el tema. Comerciantes, taxistas, profesores, reporteros y ciudadanos en general, muchos azuetenses tienen un testimonio sobre la delincuencia, pero nadie quiere darlo de forma abierta. "Zihua (así le dicen sus habitantes) es muy pequeño como para andarse metiendo con eso", me dice una comerciante del mercado central.

Zihuatanejo de Azueta tiene una extensión territorial importante y sumamente estratégica para los grupos del crimen organizado: aquí confluye el trasiego de enervantes que provienen de toda la Costa Grande, así como de los inexplorables territorios de la sierra. Desde aquí hay carreteras a Acapulco, a Lázaro Cárdenas y a la Tierra Caliente, para luego llegar a la capital del país. Además, hay infinidad de brechas entre cerros y cañadas por donde se puede llegar lo mismo a Michoacán, que a Chilpancingo o a la Tierra Caliente. Por si eso no fuera suficiente, acá también hay mucho mar. Tanto, que resulta imposible vigilarlo bien. Por eso es tan relevante. Por eso es tan peleado.

La versión que dio el gobernador Héctor Astudillo el pasado lunes, de que la policía municipal tenía diez días infiltrada, es inverosímil. Tan inverosímil que se cae por si sola. Según el mandatario: "un ciudadano equis se ungió como director de la policía; él mismo llegó, se introdujo y empezó a llevar a personas a que trabajaran como policías, crisis que duró durante aproximadamente diez días, luego de darse la detención".

Astudillo no ha revisado la prensa actual. Los ataques a la policía de Zihuatanejo son numerosos. El más reciente, ocurrido apenas en abril, en el corazón de Ixtapa, donde mataron a tres agentes. Según el alcalde Gustavo García Bello, los atacantes iban vestidos de policía. Pero hay un antecedente más mortal, el 25 de febrero de 2009, tras una espectacular persecución, hombres armados rafaguearon e incendiaron una patrulla. El saldo: cuatro policías caídos. Los ataques son constantes: ora granadas, ora disparos.

La corporación, que según García Bello es la misma que recibió, lleva al menos dos años desarmada, debido a que sus miembros no aprobaron los exámenes de confianza. Además, según palabras del propio presidente municipal, hay agentes adictos al alcohol y a las drogas.
Pero nadie es demasiado incauto como para pensar que este problema tiene un mes o dos. En 2014, la PGR ubicó al entonces alcalde priísta Eric Fernández como un objetivo de "atención especial" y se recomendó vigilar sus actividades. Un mes antes, el propio gobernador Ángel Aguirre declaró a Carmen Aristegui que en Zihuatanejo "quien manda es la delincuencia organizada. Ayer recibí al alcalde de Zihuatanejo (Eric Fernández), ahí también estamos trabajando el mando único. Es una situación sumamente delicada la que se está viviendo en ese lugar".

En marzo de 2015, Fernández fue acusado mediante narcomantas de apoyar económicamente a La Tuta. Dos meses después, hombres armados ejecutaron al chofer de su esposa. Solo en 2017 van 54 asesinatos cometidos únicamente en el municipio, sin contar todos los perpetrados en las demarcaciones vecinas: La Unión y Petatlán, ambas, con alta incidencia en muertes violentas. El alcalde ha pretendido minimizar el problema. Hace unas semanas afirmó que había destinos turísticos más violentos, como Cancún. Sin embargo, en los hechos, Zihuatanejo es más mortal: en Cancún van 43 ejecuciones en lo que va del año. Además, si se compara la densidad poblacional, es siete veces más probable morir por arma de fuego en Zihuatanejo que en el municipio quintanarroense.

Asimismo, para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), Zihuatanejo ocupa el quinto lugar de las ciudades con más homicidios dolosos en Guerrero.

En septiembre de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto puso en marcha una nueva estrategia para revertir el alza de homicidios en el país y dio a conocer una lista con los municipios más violentos de México, entre los que se ubicó Zihuatanejo. En febrero de 2017, al hacer un balance de esta medida, las cifras del SESNSP indicaron que en Zihuatanejo los homicidios subieron 144 por ciento, al pasar de 18 en 2015, a 44 en 2016.

Guerrero supera los 770 ejecutados solo en 2017, el más reciente, el del ex perredista Elí Camacho. La víctima fue alcalde de Coyuca de Catalán, diputado local y asesor del gobernador Héctor Astudillo.

La inseguridad de Zihuatanejo quedó evidenciada en pleno periodo vacacional de Semana Santa: apenas había transcurrido un día del mega operativo anunciado para velar por la seguridad de los visitantes, cuando cuatro hombres fueron asesinados dentro del bar La Malkerida, un antro en Ixtapa plenamente identificado como lugar de encuentro entre grupos delincuenciales. La masacre ocurrida ese día, 8 de abril, no sorprendió a ningún azuetense. "Sabíamos que era cuestión de tiempo. Lo que nos sorprende es que no ocurrió antes, pues toda la población sabía el tipo de clientela que frecuentaba ese lugar. Lo preocupante es cómo las autoridades nunca sospecharon", cuenta un reportero de esta ciudad.

Luego del ataque el antro fue cerrado, se anunció que el Ejército reforzaría la vigilancia y se supone que era materia de investigación ministerial. Y digo se supone porque solo seis días después, extrañamente, un incendio consumió toda la zona.

Pese a lo anterior, el tema de los policías municipales es un galimatías: desde un inicio, el gobierno federal insistió en que había sicarios encubiertos. El gobierno municipal mantiene una postura contraria: todos son policías.

El jaloneo ha producido fricciones claras. En entrevista con Denise Maerker, el vocero de seguridad estatal, Roberto Álvarez, dijo que el alcalde los había alertado sobre la situación de la policía. El alcalde salió a desmentir tal versión y a aclarar que eso lo ponía en una situación de vulnerabilidad.

Apenas el lunes, cuando el gobernador Héctor Astudillo salió a hablar sobre el tema, refirió que la información obtenida fue vertida de parte "de quien tenía que venir", sin otorgar mayor detalle.

—¿Del alcalde?— se le cuestionó.

—De quien tenía que venir, les pido me comprendan, yo también debo proteger a las personas.

El 4 de mayo en el noticiero de Loret de Mola, Astudillo reconoció: "hay una frecuente amenaza contra autoridades". Quizá era un adelanto lo que sucede hoy: el alcalde azuetense es vigilado las 24 horas.

El colmo de este embrollo es que uno de los señalados de haber tomado el control de la policía municipal de Zihuatanejo y de estar vinculado con la delincuencia (aunque no se ha precisado a qué grupo), se llama Javier Galeana Cisneros, y también es identificado como instructor de la policía estatal. Él, junto con otros 19 agentes, fueron sometidos este miércoles a proceso por un juez federal por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso reservado para el Ejército y las Fuerzas Armadas, así como posesión de cartuchos para arma de fuego.

Parece que en Zihuatanejo, en temas de inseguridad, seguirá el mal tiempo.

@balapodrida