El precio de asesinar a un miembro de un clan gitano según su 'ley'

"Los vamos a exterminar", así amenazaba Ramona, la madre del joven de 28 años de la familia gitana de los "Baltasares" que fue asesinado el día 23 de enero en el Port Olímpic de Barcelona, a los autores de la muerte de su hijo, presuntamente miembros de las familias, también conocidas con sobrenombres, de los "Pelúos" y de los "Zorros".

Pese a la detención del presunto asesino, que habría golpeado a la víctima con una botella rota y que había huido a Bilbao, la madre del muerto asegura que "solo han cogido a uno pero fueron ocho" y advierte que "si los cogen [al resto], con justicia cumplirán la máxima pena posible. Si los cogemos nosotros, tienen la pena de muerte".

De acuerdo con fuentes de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana, y miembros de la comunidad gitana, las palabras de venganza de Ramona, recogidas en una entrevista publicada en El Periódico de Catalunya, no son producto de una ira pasajera.

"Cuando hay muerte, no hay arreglo, ni mediación posible porque el bien más preciado para un gitano es la vida", asegura a VICE News un miembro de esta comunidad conocedor de la situación y que ha exigido el anonimato para hablar sobre la cuestión. "La 'ley gitana' es, para nosotros, un compendio costumbres que están más allá del marco legal y de la ley penal. Dentro de los usos sociales gitanos no se entiende a las personas como seres individuales, si se lesiona a alguien, se lesiona a toda la familia".

Pero en este caso, precisa otro entrevistado por VICE News que conoce a las familias implicadas en el sangriento capítulo, los culpables del crimen ni tan siquiera tienen sangre gitana, son mercheros, un colectivo tradicionalmente nómada y de costumbres muy similares a los gitanos que, sin embargo, tiene un origen étnico distinto. "Los culpables son gente salvaje", explica.

De momento y en este contexto de calma tensa, entorno a 400 personas pertenecientes a los clanes de los "Pelúos" y de los "Zorros" han abandonado su hogar en La Mina, el barrio del municipio de Sant Adrià de Besòs que linda con la ciudad de Barcelona y que es conocido como uno de los principales epicentros del menudeo de drogas en la provincia barcelonesa.

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Se marcharon tras el entierro del joven asesinado. "Había cientos de personas en el entierro [que se celebró hace una semana en Santa Coloma de Gramanet, población vecina a Barcelona y donde viven parte de los miembros del clan de los "Baltasares"] y muchos agentes estaban ahí para evitar posibles incidentes.

Hubo conatos de enfrentamientos porque también acudieron las familias de los presuntos asesinos a dar sus condolencias", explica un agente que estuvo en contacto con policías desplegados durante la ceremonia. Esta fuente asegura que el código con el que actúan estos clanes gitanos pospone los actos de venganza hasta que se da el último adiós al muerto.

"Esta tranquila, hoy, La Mina", asegura una joven sentada en una terraza del barrio después de todos los avatares que han sacudido este barrio depauperado y periférico en los últimos meses. Además del suceso que ha motivado este inquietante exilio, a mediados de noviembre de 2015 y el pasado 1 de febrero, La Mina fue uno de los escenarios de dos operaciones contra el tráfico de drogas que se saldaron con decenas de detenidos, entre los que se contaba Manuel Sargero Alunda, de la familia de los "Manolos", emparentados a su vez con los "Baltasares".

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Tras retirar la presencia policial, que se mantuvo en el barrio hasta el entierro y la marcha masiva de los vecinos salpicados por el asesinato, la calma ha vuelto al barrio. Pero son muchos los que interpretan el sosiego de las calles de La Mina como un trágico preludio.

Aquí, nadie se ha olvidado del sangriento episodio ocurrido en 2006, cuando una riña entre niños acabó en una batalla campal entre miembros de diferentes familias. Afortunadamente, en ese enfrentamiento no hubo que lamentar muertes. Las navajas y las armas de fuego dejaron 5 heridos, dos de ellos menores de edad. Se desconoce si las personas que protagonizaron esos altercados eran miembros de los clanes que ahora han tenido que abandonar el barrio.

"La única forma de evitar a venganza es que los detengan y que no vuelven por aquí", asegura la primera fuente anónima citada en este artículo. "Sólo podría llegarse a pactar la vuelta de familiares de tercer grado, pero los que participaron o estuvieron la noche del asesinato y sus parientes directos no podrán volver nunca", asegura tajante.

Ante la opacidad de las fuentes oficiales de los Mossos d'Esquadra y la negativa de los asociaciones gitanas como el Centro Cultural Gitano La Mina o la Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya (FAGIC) a hablar con VICE News sobre la mediación, los posibles motivos del asesinato, los nombres de los implicados y su relación con hipotéticos ajustes de cuentas entre familias rivales, es fácil entender porque La Mina vive a medio gas.

Hay pupitres vacíos en los colegios del barrio, de acuerdo con los cálculos de las fuentes consultadas por VICE News hasta el 55 por ciento de los niños escolarizados habrían desaparecido junto con sus familias, locales cerrados en sus calles más animadas y, sobre todo, una ley del silencio que impera categórica ante las preguntas de periodistas a transeúntes que recorren el barrio. "No puedo decirte mucho, sólo que aquí cada dos por tres pasa algo, si no son peleas son mierdas de drogas. Lo mejor es pasar de todo", asegura un vecino. Las palabras de un secretismo que aquí parece erigirse en ley, como si todos supieran que, al final, los trapos sucios se lavan en casa.

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