Foto por Leonardo Munoz/EPA.
El Senado de Colombia aprobó la conformación de un tribunal especial para juzgar y sancionar a los antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), militares y civiles acusados de cometer delitos de lesa humanidad en medio del conflicto armado, quienes podrán participar en política pese a los castigos que reciban.La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es considerada la columna vertebral para implementar el acuerdo que se firmó hace un año con la guerrilla de las FARC, cuyo objetivo es acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.La JEP, aprobada el miércoles a la media noche después de semanas de dilación en el Senado, forma parte del acuerdo que permitió a más de 7.000 combatientes de las FARC dejar las armas y conformar un partido político. Sin embargo un nuevo conflicto se cierne sobre el proceso.
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El Senado dio luz verde a la norma un día después de que la Corte Constitucional declaró legal la mayor parte de la reforma que dio origen a la jurisdicción, pero impuso reparos y condicionamientos a algunos puntos, lo que fue rechazado por las FARC.Uno de ellos es que la Corte dejó abierta la posibilidad de que los exrebeldes puedan ser extraditados por crímenes cometidos tras la culminación del proceso de paz.“Nos parece preocupante la interpretación que la sentencia parece hacer del acuerdo final”, dijo a periodistas Luciano Marín, conocido por su nombre de guerra como Iván Márquez. “Hay aspectos del fallo que generan consecuencias adversas para la paz (…), altera contenidos acordados entre las partes”.
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Aún falta un debate y la aprobación por parte de la Cámara de Representantes para que se pueda implementar el nuevo tribunal, que juzgará y sancionará las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se produjeron en medio del conflicto armado.La JEP también permitirá comparecer a civiles que hayan tenido participación en el conflicto por financiar a grupos armados ilegales como los escuadrones paramilitares de ultraderecha.Bajo el nuevo sistema, quienes reconozcan responsabilidad y verdad en infracciones graves de los derechos humanos recibirán una sanción de entre cinco y ocho años, incluyendo restricciones efectivas de algunas libertades y derechos como la movilidad. La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará la participación en política.Con todo ello, se vislumbra un camino difícil para la siguiente etapa del proceso de paz en Colombia.Sigue a VICE News en español en Twitter: @VICENewsES.
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