Este artículo fue publicado originalmente en ¡PACIFISTA!, nuestra plataforma para la generación de paz.Durante una semana, 1.500 delegados de 53 países se sentaron en Viena para hablar de drogas. Era la sesión número 60 de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y también un momento de crisis en la lucha contra las sustancias ilícitas: aumento de cultivos en países productores de hoja de coca, políticas prohibicionistas del gobierno Trump en Estados Unidos y una problemática creciente relacionada con nuevas sustancias.
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Por eso, representantes de casi todos los gobiernos de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, de varios estados europeos y de algunos gobiernos asiáticos y africanos hicieron propuestas para superar un modelo que ha recibido críticas, sobre todo, de la sociedad civil. El debate fue, una vez más, entre la política de erradicación y sustitución y una estrategia basada en la salud pública y los derechos de los ciudadanos.Colombia, que según la ONU volvió a ser el principal productor de hoja de coca en el mundo, llegó a Viena con una delegación nutrida y de alto nivel. Asistieron la canciller María Ángela Holguín, el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo; el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, y Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras.Lo hicieron por dos razones principales: primero, responder por el aumento de cultivos ilícitos en el territorio, sobre todo en Tumaco (Nariño) y en Briceño (Antioquia). Y segundo, para contarle al mundo los avances en el punto tres del acuerdo final negociado con las Farc, que habla de las soluciones a las drogas ilícitas.Entre todos los asistentes estuvo Julián Quintero, la cabeza visible de la ONG Acción Técnica Social y uno de los pocos representantes de la sociedad civil en Colombia. Además de presenciar las discusiones, Quintero logró crear un evento paralelo para hablar del análisis de estupefacientes y salud pública.
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Hablamos con él para que nos contara cuáles fueron las conclusiones de esta convención.El gobierno colombiano aprovechó la presencia de delegados chinos en la convención para criticar el modelo antidrogas de este país asiático. A través de sus delegados se quejó por el castigo de pena de muerte para los traficantes de drogas, y condenó la ejecución de Ismael Arciniegas, el caleño de 74 años que intentó ingresar a China cuatro kilos de cocaína.El gobierno colombiano aprovechó, como lo hace en cualquier evento internacional, para sacar pecho por los acuerdos de paz. El director de la Agencia Nacional de Tierras dijo que "es la primera vez en la historia que el tema de desarrollo alternativo deja de pensarse en clave de sustitución de cultivos de uso ilícito y empieza a pensarse en desarrollo rural integral".Sin embargo, para Julián Quintero, esta propuesta "es básicamente la misma que se ha intentado implementar hace 30 años, sin ningún éxito". Además, se pregunta, de dónde va a salir el dinero para los subsidios en los planes de sustitución: "no hay plata que aguante el apetito estimulante de las narices del primer mundo", afirma.Las sustancias que se crean en laboratorios clandestinos, o las que "modifican moléculas controladas de estupefacientes para que se puedan vender como legales son el principal reto en la lucha contra las drogas en el mundo" dice.En Colombia, según el informe 2016 del Observatorio de Drogas del ministerio de Justicia, aparecieron tres nuevas drogas emergentes denominadas NSP10, que son comercializadas como si ya fueran drogas conocidas. Además, según un artículo de La W, "el Informe Mundial de Drogas de 2015 registra la aparición de 602 nuevas sustancias que no están incluidas en las listas de fiscalización internacional de las Naciones Unidas".
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Esto tiene una tristeza y una oportunidad: la tristeza es que "lo primero que hacen es fiscalizar la nueva droga como si prohibiéndola se fuera a dejar de producir". La oportunidad es que se puede desarrollar la estrategia de análisis en lugares como los festivales y las fiestas. Los consumidores proveen las drogas a los analistas y luego hay un proceso de localización y alerta.Acción Técnica Social logró crear un evento paralelo para debatir el tema del análisis de sustancias en el marco de la salud pública. Fue, según el director, la primera vez que hubo un evento paralelo en esta convención.La propuesta tuvo el apoyo de las organizaciones Energy control de España, Check it de Austria, Trimbos de Holanda, el Programa de análisis de sustancias de México y Échele Cabeza de Colombia (uno de los proyectos de ATS). A pesar de que en Europa ven como un modelo ejemplar este tipo de propuestas, el gobierno distrital le quitó el presupuesto a la ONG hace dos años.También, por primera vez, se hizo un evento paralelo a la convención para hablar de cómo regular el mercado de la cocaína para usos recreativos. Participaron siete países del mundo en una reunión que tuvo "unas reglas de protocolo y discreción en las que nadie puede decir quiénes asistieron, y si vas a hablar de lo que pasó allí no puedes decir quién lo dijo", asegura. El tema es todavía un tabú.Sin embargo, "fue muy interesante ver países y miembros de la sociedad civil mundial dispuestos a dar este paso. Hay avances y se habla de posibles regulaciones para coca medicinal, terapéutica e industrial, pero no para uso recreativo. Se calcula que más del 90% de las plantaciones de hoja de coca terminan en cocaína para diversión, amplificación del sistema de alerta, y control y reducción de la fatiga".
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